El resultado surge de cruzar los datos con los dos relevamientos realizados en el predio que había sido usurpado el 20 de julio. Eran militantes de izquierda que llegaron al predio para “resistir” el operativo policial. La mayoría de las familias ya habían abandonado el lugar.

 

 

Las imágenes que recorrieron el mundo sobre el desalojo de la toma de Guernica son impactantes. Policías apertrechados con escudos, cascos, escopetas, uniformes negros o camuflados tirando gases lacrimógenos y balas de goma contra personas que se defendían con chapas y colchones y agredían con palos, piedras y botellas.

 

Supuestamente eran parte de las 1.400 familias asentadas en los cuatro barrios que conformaban la usurpación (La Lucha, San Martín, La Unión y 20 de Julio) contra los más de 4.000 efectivos comandados por Sergio Berni, el ministro de Seguridad bonaerense. La acción dentro del predio fue rápida. En menos de 90 minutos, el lugar fue desalojado. Según el parte oficial, fueron detenidos 27 hombres y 10 mujeres. Sin embargo no todo es lo que parecía. Solo 8 de los 37 demorados –ya fueron liberados– pertenecían a la toma. El resto eran militantes de los partidos de izquierda o de organizaciones sociales que ingresaron en las últimas horas para “resistir” el desalojo y demostrar que en el predio había más personas de lo que se sostenía.

 

El dato surgió después de que Infobae cruzara los nombres, apellidos y números de documentos de las familias relevadas en dos oportunidades en la toma, con los datos filiatorios que surgen de la causa que se les abrió por “desobediencia, resistencia y atentado contra la autoridad agravado por número de personas, por el uso de armas y por poner manos sobre la autoridad”. La investigación quedó a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.

 

Dentro del predio de Guernica se realizaron dos censos. El primero impulsado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque. Los datos socioambientales de cada una de las familias volcados en las planillas quedaron inconclusos por acción de los delegados de la toma que respondían a partidos de izquierda y organizaciones sociales.

 

El segundo de los censos fue por pedido de estos, y tenía como objetivo “blanquear” a los que ingresaron después del censo y reemplazar a muchas de las familias que ya habían acordado con el Estado provincial retirarse de manera pacífica al aceptar la reubicación y posterior entrega de terrenos con servicios para construir.

 

Ese relevamiento –complementario del primero– arrojó que efectivamente habían ingresado más de 800 familias. Esto estaba vedado por pedido de la Justicia y un acuerdo alcanzado con Larroque.

 

Este último relevamiento fue supervisado por dos organismos de derechos humanos que oficiaban como veedores: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).